El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) han promovido la presente investigación sobre la posición de las personas con discapacidad en los Medios Adecuados de Solución de Controversias (en siglas, MASC).La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha impuesto la obligación de tener que intentar un MASC antes de acudir a la vía judicial en el ámbito civil y mercantil.Esta medida, potenciadora de una cultura del acuerdo y, según sus promotores, imprescindible para la consolidación de un servicio público de justicia sostenible, podría no garantizar el acceso efectivo a la Justicia de las personas con discapacidad si no se adoptan altos estándares de accesibilidad, se dota de recursos y apoyos y se promueve la formación especializada de los operadores jurídicos.La discapacidad ha recibido poca atención en estos cauces adicionales de acceso a la Justicia. La falta de difusión de los MASC por parte de los operadores y entidades que se desenvuelven en la órbita de la Justicia, sumada a la escasa financiación de servicios de orientación y asesoramiento previos a los procesos judiciales, así como a las pertinaces ideas capacitistas sobre la experiencia de vivir con discapacidad, no han permitido a las personas con discapacidad hacer un mayor uso de los MASC como opción válida y confiable para gestionar y poner fin a las controversias que son susceptibles de someterse a estos mecanismos.La obra, que tiene una vocación eminentemente práctica, se guía por el propósito principal de apoyar a los operadores de gestión y resolución de conflictos, orientándolos en el diseño e implantación de MASC inclusivos con las personas con discapacidad.Asegurar unos MASC inclusivos es una prioridad, no solo porque contribuye a reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la Justicia que afecta a la población con discapacidad en comparación con el resto de población, sino también porque promover prácticas y estructuras en justicia seguras, respetuosas e igualitarias, donde todas las personas ?independientemente de sus condiciones o circunstancias personales? expresen sus preocupaciones y participen activamente, promueve y fortalece la cohesión social.La investigación ha corrido a cargo de Gloria Álvarez Ramírez, Doctora en Derecho, mediadora, experta en Derecho de la Discapacidad, consultora social y colaboradora asidua del CERMI y de la FDyD.