Cometida una infracción administrativa, ¿a quién hay que sancionar?: ¿a la empresa por lo que ha hecho su empleado?, ¿al propietario del bien en el que o con el que se ha cometido?, ¿a las administraciones que incurren en ella?, ¿a los administradores de las personas jurídicas?, y, si las personas jurídicas se extinguen, ¿a quién se puede sancionar? A preguntas similares a las anteriores se da respuesta en esta obra con un análisis de cientos de sentencias y leyes. Se hace atendiendo especialmente al principio de responsabilidad personal, que se proclama siempre, pero que con frecuencia se ve erosionado hasta hacerlo casi irrelevante. Frente a ello, en el volumen ese principio se reafirma y se combaten las desviaciones que son admitidas sin justificación suficiente.